Ataque al Poder Judicial: Control de la Dictadura.
Una amputación de los derechos y una de las funciones constitucionales del Poder Judicial: el nombramiento de altas magistraturas de la carrera judicial (Art. 122.2 de la CE). Es obvia las posibles dudas constitucionales de lo que esta reforma implicaría a futuro. Contrataciones magisteriales a modo y manera de que los partidos de este gobierno social-comunista con nacionalistas para imponer los magistrados que ellos deseen.
Y como menciona okdiario, según Sentencia del Tribunal Constitucional STC 108/1986 de dicho año, "Las funciones que obligatoriamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los tribunales" y precisamente una de esas funciones es la de "nombramientos" que esta precisa reforma impide. Mutilar la independencia del Consejo de esta forma es claramente no muy democrática, y es un ataque mismo a la Constitución y su separación de poderes.
Pero lo más grave de todo esta que Marlaska un Juez de la Audiencia Nacional no haya parado este ataque y participado activamente en ello. No solo eso, con la reciente restitución del Cese de los Cobos esta al borde de la prevaricación (ejecución de una orden a sabiendas de que esta es ilegal y contraria a la ley). Nos sitúa en el contexto de como se maneja este gobierno. En mi opinión Marlaska debe ser destituido inmediatamente pero es claro que no lo hará.
El cese de Fernando Grande-Marlaska fue justificado como una "reestructuración" así como una "perdida de confianza" por haber "filtrado" supuestamente a la prensa información sobre la investigación policial de la macromanifestación del 8-M en pleno coronavirus.
Además de eso Pedro Sánchez justifico su cese para evitar una "policía patriótica" en la Guardia Civil, y esa "reestructuración" para que los ministros formen sus equipos con base en criterios de confianza. ¿Y acaso la Guardia Civil no esta para defender a todos los españoles? ¿No es su función de la Guardia Civil servir "patrióticamente" a todos los españoles? O simplemente lo que quiere este gobierno social-comunista controlar a todos las instituciones y callar a aquellos que no estén de acuerdo. El fallo del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Madrid ha sido un auto demoledor.
Pero regresando a la Reforma del Consejo General de Poder Judicial practicada con alevosía y nocturnidad con el ardid de "proposición de ley" cuyo fin es nada más y nada menos que eludir los controles y garantías necesarios como deberían de ser una solicitud de estudios, informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, asociaciones Judiciales, Comisión de Venecia, etc. Y todo esto lo ha explicado exquisitamente Ignacio Gomá en el artículo "En Nombre de los Ciudadanos: cómo controlar el CGPJ" (publicado en Expansión, 4 de febrero de 2021).
Hoy en el artículo titulado "Comisión de Venecia" de José Manuel Sánchez Fornet donde dicha comisión recibió del Consejo de Europa una solicitud sobre la ley de seguridad ciudadana española que emitió un dictamen el 19 de marzo, tras la sentencia del Tribunal Constitucional Español de octubre de 2020 indicando en su informa una ausencia de normativas que regulen controles y registros de personas en lugares públicos, sanciones administrativas elevadas que lesionan condenas penales y le piden al parlamento español "... una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos humanos y libertades".
Creo que el Gobierno social-comunista no ha comprendido estas advertencias desde Europa, y el único fin de este gobierno es controlar a las instituciones que suministran legalidad y certeza jurídica así como los que aplican la ley. Suprimir las libertades ciudadanas así como hacer manipulación de las leyes o de quienes las aplican poniendo los al servicio del Estado no es más que instaurar una Dictadura de Facto.
Lo que queda muy claro es que a este gobierno no les interesa para nada la renovación democrática del Consejo General del Poder Judicial. Y tampoco le interesan las llamadas desde Europa para acabar con el riesgo de corrupción en una elección de magistrados al servicio partidocrática existente en España.
Los magistrados deberían de estar comprometidos y afines con las causas del gobierno y sus socios. No le interesan vocales independientes o democratizar el sistema judicial sino que les interesa instaura jueces controlados a modo con camisas rojas y moradas, así como nacionalistas. En otras palabras es un "secuestro del Poder Judicial" tal y como lo explica Alfredo de Diego Diez. Siguiendo los pasos de Venezuela y varios gobiernos en Latinoamérica.
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